Uso de la maquinaria judicial como herramienta de politica ambiental: el caso de Brasil y la demanda por 1,200 millones de dolares contra distribuidoras de carne

Los graves problemas de gobernanza que afectan a nuestros paises explican en gran medida la incapacidad de la region de poder implementar politica ambiental.

Es por eso que organizaciones civiles como WWF, Rainforest Alliance y otros tienen programas importantes de dialogo/negociacion/presion directo con compañias cuyas actividades tiene gran impacto sobre la modalidad de uso de recursos, por ejemplo, empresas forestales o de compra y distribucion de granos.

La debilidad de las maquinarias de gobierno es el principal freno a programas que impulsan la integracion de politicas de pobreza y medio ambiente a partir de influenciar planes de gobierno. El desafio no es tanto el influenciar los planes sino el llevarlos despues a cabo.

En un nuevo intento de superar los problemas que existen en el poder ejecutivo para hacer politica ambiental, cada vez mas grupos estan recurriendo al poder judicial. Ese es el caso de los fiscales federales de Brasil que estan llevando a la corte a 14 compañias de distribucion de alimentos por comprar carne de haciendas localizadas en terrenos deforestados ilegalmente. Algunas de estas tambien utilizan mano de obra en condiciones tipicas de esclavitud.

De ser exitosa esta estrategia, el monto por penalidades no seria menor y estaria en los 1,200 millones de dolares. A los fiscales brasileños parece no haberlos impresionado mucho el tamaño de sus contrincantes y la acusacion involucra, entre otras, a JBS Friboi, el mayor exportador de carne del pais. Y como un recordatorio de las responsabilidades de aquellos que estan en el gobierno, los fiscales tambien incluyeron en la demanda al Instituto Brasilero del Ambiente por faltar a sus obligaciones.

Los blancos de la demanda de los fiscales esta muy bien elegidos. Algunos estudios indican que la ganaderia explica el 80% de la deforestacion en el amazonas en los ultimos años. Tampoco se podria acusar a los fiscales de impacientes. La evidencia que sustenta el caso fue el resultado de mas de un año de trabajo en el cual tambien se intento firmar un acuerdo con estas compañias para evitar la compra de ganado proveniente de areas ilegalmente deforestadas.